Visita de opositores a la OEA “afectó fuertemente” al Presidente

Fuente:  La Verdad – 17/08/2009

Como un ciudadano crítico, Gonzalo Himiob Santomé es un hombre preocupado por el deterioro que acusa la democracia partiendo de la falta de efectividad y exceso de sumisión de las instituciones públicas, como él mismo afirma. Como asesor legal de disidentes y opositores, víctimas de persecución política por parte del Gobierno, el abogado penalista y profesor universitario ha sido testigo privilegiado del proceso de “desinstitucionalización” que vive el país.

En entrevista con La Verdad, Himiob se mostró optimista ante los flagelos que como jurista expositor en foros le toca explicar. En su discurso enumera “impunidad, criminalidad, violaciones a la Constitución y el control totalitario” de los poderes por parte del presidente Hugo Chávez, como causas de esa crisis.

Fue asesor de la comisión de gobernadores y alcalde que acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir acciones de respeto a la voluntad popular en Venezuela, una acción que -considera- cosechó logros significativos y que “afectó fuertemente” la imagen internacional del presidente.

- ¿Qué cree usted que movió a la fiscal Luisa Ortega Díaz a presentar un proyecto como el de la ley de Delitos Mediáticos?

- La potestad legislativa no está definitivamente en el Ministerio Público, la Constitución es muy clara en cuanto a quiénes son los que pueden plantear proyectos de ley ante la Asamblea Nacional y en qué términos pueden hacerlo. Ella lo hace siguiendo las instrucciones muy precisas que se le habían dado desde la Presidencia de la República, tanto a su despacho como a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que había algo qué hacer con los medios de comunicación en términos generales. Ella lleva eso como una propuesta ante una audiencia abierta a escucharla, independientemente de la ilegitimidad de su planteamiento; y no se imaginó que la respuesta social iba a ser tan contundente como fue.

- ¿Cómo interpretó que la fiscal general de la República plantee un proyecto de leye al Poder Legislativo?

- Ahí ella demostró que todas las denuncias que se están haciendo y que los juristas del país hemos venido denunciando, como por ejemplo el de Otto Gebaguer o Eligio Cedeño, demuestran que es cierto que en nuestro país no hay ningún tipo de autonomía institucional ni de poderes. En Venezuela la línea central de actuación de todas las instituciones, específicamente las que tienen que ver con la rama legislativa y judicial, va marcada definitivamente por el Poder Ejecutivo.

- Si el presidente Chávez se impone por encima de la Constitución, ¿bajo qué nos regimos los venezolanos?

- Debemos reafianzar la vigencia de nuestra Carta Magna, los venezolanos tenemos no solamente el derecho sino además el deber, consagrado en nuestra Constitución, de proteger los valores y principios consagrados en ella.

- ¿Cómo se defienden los venezolanos ante la maquinaria legislativa que impone el Gobierno?

- Debemos entender que es nuestro derecho y deber exigirle a esas instituciones que cumplan con sus funciones y registrar cada momento que no lo hagan, para que cuando esas quejas sean procedentes -oportunidad que en su momento llegará- se haga justicia en relación con los múltiples abusos a los que se somete a millones de venezolanos.

- ¿Qué efectos ha provocado esa desinstitucionalización en la sociedad venezolana?

- Ha generado una poderosa anomia, que es ausencia de conocimiento de cuáles son las pautas de conductas; es decir, los venezolanos hoy por hoy no contamos verdaderamente con referencias institucionales que nos permitan definir las esferas de lo permitido y lo prohibido, y eso da lugar a mucha inseguridad en líneas generales y a mucha inseguridad jurídica.

¿Qué efecto tuvo la visita que hicieron los gobernantes ante la OEA?

- Como parte del equipo asesor que fue con esa comisión de los gobernadores y el alcalde Antonio Ledezma, puedo decir que uno de los primeros efectos que se vio fue el hecho de ver una oposición unida, mandando un mensaje lineal y claro con respecto a lo que está pasando en el país desde el punto de vista de la descentralización; ese mensaje ya por sí mismo es bastante importante. Además, independientemente de que nos gustara o no, cuando la OEA libra un comunicado formal de respuesta a los planteamientos de esa delegación, vemos que se les ha reconocido legitimidad internacional para actuar al mismo nivel del presidente Hugo Chávez Frías.

- ¿Qué otros logros considera que se alcanzó con ésa y las otras participaciones internacionales de los últimos meses?

- Más allá de esos logros abstractos hay unos logros materiales y concretos, el primero de ellos es que la OEA se pronunció diciendo que iba a fomentar el diálogo entre las dos partes en pugna en Venezuela, eso quiere decir que se reconoce que hay dos partes en pugna y que esas dos partes tienen legitimidad en sus planteamientos; que tan legítimo es el presidente Hugo Chávez como los gobernadores y alcaldes de oposición electos y que tienen ellos derecho a hacer planteamientos. Pero más allá de eso hay otros logros muy puntuales, como las reuniones que sostuvieron en el Congreso norteamericano con representantes del Senado y la Cámara de Diputados, con diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Right Watch; y también con Santiago Cantón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien se le hizo un planteamiento específico que va a rendir sus frutos a corto plazo, como es que se les ceda un derecho de palabra, a ser ejercido por los líderes democráticos del país para su próximo período de sesiones.

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Himiob: Sistema judicial es una “herramienta autoritaria” del Gobierno

Fuente: La Verdad – 14/08/2009

Con la destacada presencia del abogado penalista y profesor universitario Gonzalo Himiob, la Cámara de Comercio de Maracaibo albergó un foro denominado Justicia en tiempos de revolución, donde el jurista y catedrático expuso aristas de la transformación que ha sufrido el sistema judicial venezolano, que -afirmó- es empleado como una “herramienta autoritaria de persecución” por parte del Gobierno.

El foro-conversatorio incluyó la discusión de procesos judiciales específicos donde se han presentado irregularidades como el del capitán Otto Gebaguer y el ex directivo del Banco Industrial de Venezuela, Eligio Cedeño, al tiempo en que se analizó el flagelo de la impunidad e ineficiencia del sistema de justicia frente a la criminalidad común y los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios públicos.

Himiob manifestó sus opiniones sobre la política legislativa de la gestión presidida por el mandatario nacional Hugo Chávez. “Lo que está ocurriendo en nuestro país es la creación de leyes difusas, leyes penales que no tienen mayor sentido sino el de servir a la consolidación del poder en el poder”.

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Fiscalía presentó acusación formal contra Eligio Cedeño y Gustavo Arraíz

Fuente: Noticias24.com-19/06/2008

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra los empresarios Eligio Cedeño y Gustavo Arraíz, como parte del proceso legal que se sigue por la presunta comisión irregularidades en uso de las divisas otorgadas por Cadivi al Consorcio Microstar, investigación que se inició en el año 2003.

Los fiscales nacionales 50° y 53°, William Guerrero y Ana Isabel Hernández, respectivamente, además del fiscal con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina, acusaron a Cedeño por el delito de distracción de recursos financieros en grado de autor, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Asimismo, fue acusado Gustavo Arraíz como cómplice necesario en el mencionado delito.

En el escrito, los fiscales solicitaron que se admitan la acusación y los medios probatorios aportados por el Ministerio Público. También, que se mantengan las medidas de privación de libertad y de aseguramiento de los bienes de Cedeño y Arraíz, dictadas en su debida oportunidad.

El referido acto conclusivo se presentó luego de la imputación realizada contra Cedeño y Arraiz, en atención a la sentencia N° 185 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del pasado 07 de mayo.

En la misma se decidió que el Ministerio Público debía efectuar nuevamente el acto de imputación formal, por la presunta comisión del delito de distracción de recursos financieros.

Vale destacar que dicha sentencia mantuvo vigente la acusación presentada en su momento contra Cedeño y Arraíz, por obtención fraudulenta de divisas y contrabando en la modalidad de simulación de importaciones.

Es oportuno mencionar que el Ministerio Público solicitó en este mes al Tribunal 39° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, instancia ante la cual se consignó el escrito de acusación, la prórroga de la medida de privación de libertad dictada en el año 2007. Tal requerimiento, el cual fue acordado, se hizo de acuerdo con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

La investigación del llamado caso Microstar se inició en el 2003, ante la denuncia efectuada por funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Tanto Eligio Cedeño como Gustavo Arraíz fueron imputados en noviembre de 2005, durante la investigación sobre las presuntas irregularidades en el uso de los 27 millones de dólares al Consorcio Microstar, con recursos del Banco Canarias, para la importación de equipos informáticos que nunca ingresaron al país. Posteriormente, fueron presentados ante tribunal en el año 2007.

El Ministerio Público continúa la investigación respecto a otras personas que también fueron imputadas por este caso.Por su parte, Emilio Berrisbeitia, abogado defensor del empresario Eligio Cedeño, a través de un contacto telefónico con el programa ‘Aló, ciudadano’, manifestó que la acusación de la Fiscalía significa que a esta institución “no le interesa la verdad”.

“A pesar de que la investigación está en curso, la Fiscalía decide cerrarla ynotificarlo a través de una nota de prensa que hasta ahora los abogados no conocemos“, señaló Berrisbeitia.

Asimismo, explicó que al Ministerio Público se le venció el lapso para emitir una decisión y, según sostuvo el abogado, no fue sino ante una solicitud de decaimiento de la privativa de libertad del empresario que la Fiscalía anuncia su respuesta.

Aseguro que se están agotando todos “los recursos para evidenciar que cuando la situación es política no se tiene ningún tipo de respaldo en el Estado de Derecho“.

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ONG exigen cumplir acuerdos internacionales

Fuente: El Nacional – 18/06/2009 – Nación / Página: 2

Hasta la entrada de Venezuela al Mercosur podría estar en riesgo ante la posición fijada por el Tribunal Supremo de Justicia en la nota de prensa en la que aseguró que el país “es inmune a los tribunales extranjeros”.

Así lo aseguró el coordinador de Provea, Marino Alvarado, quien manifestó que la opinión del TSJ en sus diferentes sentencias de abrir la posibilidad de no acatar las decisiones de tribunales internacionales, aunque no tiene mayor incidencia fuera de las fronteras del país, crea una mala reputación a un Estado que firma constantemente convenios con otras naciones.

“Venezuela ha ratificado varios acuerdos económicos y forma parte de acuerdos de integración. Ha tratado de ingresar al Mercosur, por ejemplo, y este tipo de decisiones o de opiniones dificultan su ingreso o la permanencia de esos procesos de integración en los que participa. Eso le va a generar un problema al Gobierno”.

Alvarado reiteró que Venezuela debe cumplir sus convenios en materia de patentes.

El miembro de Provea aseguró que está de acuerdo con que en materia comercial Venezuela no acepte la jurisdicción internacional, pero aclaró que los acuerdos ya suscritos bajo esas reglas deben ser acatados “de buena fe”.

Derechos humanos. En cuanto al ámbito de los derechos humanos, el integrante del Foro Penal y Vive, Gonzalo Himiob, destacó que es un desconocimiento del TSJ pretender que la jurisdicción de los tribunales internacionales cesará sobre Venezuela por una opinión emitida a través de una nota de prensa.

“La ironía del gobierno de Hugo Chávez, que fue el que aprobó y validó la existencia de la Corte Penal Internacional en 2000, es que ahora venga a decir que esa justicia no tiene cabida”.

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Jueza denuncia que fue presionada para fallar contra Zuloaga

Una noticia de El Universal, publicada el 18 de Julio

    Alicia Torres señala a la presidenta de los tribunales penales, Venice Blanco

    Las denuncias de que el Poder Judicial es utilizado para perseguir a opositores o críticos al Gobierno cobraron fuerza ayer, cuando la jueza 13 de Control de Caracas, Alicia Torres, aseveró que fue presionada por la presidenta del Circuito Judicial Penal de la capital, magistrada Venice Blanco, para imponerle al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, la medida de prohibición de salida del país.

    “La presidenta del Circuito se metió en mi despacho para que sacara una decisión del caso del presidente de Globovisión y para que la sacara apresuradamente el miércoles, porque no nos íbamos hasta que no saliera. De hecho me mandó un alguacil para que le firmara la boletas y tuve que hacerlo. Ella tiene seis guardaespaldas y los montó en el tribunal. Ella con los seis guardaespaldas no me dejaron salir del tribunal”, aseveró Torres en una conversación telefónica con este diario, en la cual informó que hasta el momento el Tribunal Supremo no le había notificado de ninguna medida en su contra.

    Consultada sobre los motivos por los cuales Blanco le exigió que dictará con tanta rapidez la medida contra el empresario, la jueza ripostó: “Simplemente me dijo que sino lo hacía que le pusiera el cargo a su orden, que ella firmaba sino lo hacía yo”.

    Torres reconoció que esta no era la primera vez que la presidenta del Circuito Judicial Penal la presionaba para dictar alguna medida y reveló que semanas atrás le reclamó por no haber ordenado el encarcelamiento del ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Luis Quiaro, quien está siendo procesado por las irregularidades cometidas en esa institución financiera.

    “Ella me llamó para decirme que lo mandara para La Planta, pero él no quedó preso porque la Fiscalía pidió medidas cautelares y por eso le di medidas”, afirmó.

    Esta versión contrasta con lo afirmado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien al instalar en junio pasado un evento sobre impunidad informó que Quiaro estaba en libertad, porque así lo decidió la jueza y que su despacho había solicitado privarlo de libertad.

    Tras acusar a Blanco de “interferir” con las funciones de los jueces, Torres dijo temer por su vida. “Ella tiene 6 guardaespaldas que hacen lo que ella diga”, agregó.

    Respecto a la legalidad de la medida contra Zuloaga, la funcionaria admitió que la misma no tiene validez. A la defensa del presidente de Globovisión se le impidió el jueves revisar el expediente donde figuraba la prohibición de salida.

    Ayer también el empresario fue citado por el Ministerio Público para imputarle otro delito (agavillamiento) en el caso por el supuesto acaparamiento de vehículos por el que está siendo investigado.

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TSJ destituyó a jueza Alicia Torres Rivero

Una noticia de Entorno Inteligente, publicada el 21 de Julio.

Alicia Torres Rivero, jueza 13 de Control de Caracas, notificó ayer el haber sido removida de su cargo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a sus recientes declaraciones sobre el caso que involucra al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y a la empresa automotriz Toyo Club.

Como se recordará, Torres Rivero ofreció la semana pasada unas declaraciones en donde indicaba que fue presionada por la presidenta del circuito judicial de Caracas, Venicce Blanco, para que firmara las medidas de prohibición de salida del país en contra de los Zuloaga y otros directivos de Toyo Club.

Durante su manifestación pública, Torres Rivero acusó directamente a la presidenta del circuito judicial de hostigamiento y recalcó que la hacía responsable de cualquier hecho que pudiese ocurrirle, ya que temía por su vida.

Este lunes la jueza recibió el oficio en donde le notificaban que había sido removida de su cargo. “Recibí el oficio ahorita porque fui a la comisión judicial y voy a ejercer mis recursos y voy a ir a la Fiscalía a poner la denuncia. El oficio dice que dejaron sin efecto mi designación como jueza provisoria”.

“Los magistrados están mal informados, no puede ser que una sola persona maneje todo el sistema judicial venezolano. Tengo un voto de confianza con los magistrados. No soy política, soy independiente, no soy ni de la oposición, ni conozco a nadie, ni tengo presiones, la que me presionó fue Venicce Blanco. Eso fue un abuso lo que ella hizo”, dijo Torres.

Destacó que su reposo no fue recibido por la presidenta del circuito y agregó que ya le nombraron un sustituto el cual ya está en su despacho, comparando su situación con lo ocurrido al presidente de Honduras, Manuel Zelaya. “Lo que me dio esta gente fue un Zelayazo”.

Denunció nuevamente un acoso por parte de la presidenta del Circuito Judicial y su padre, el también abogado Arturo Torres fue enfático al decir que su hija no firmó las medidas en contra del presidente de Globovisión y los directivos de Toyo Club. “Es un atropello, un hostigamiento. Podríamos decir en forma jocosa que el asunto de los carros del señor Zuloaga y demás parece que lo está pagando la hija mía que no tiene nada que ver con los Zuloaga”.

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ONU exige restituir las concesiones de radioemisoras

Una noticia de El Nacional, publicada el 06 de Agosto.

El relator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue, envió un comunicado de prensa para manifestar su preocupación por las violaciones de la libertad de expresión en Venezuela, luego de las recientes acciones del Gobierno en contra de los medios de comunicación.

En relación con el cierre de 34 emisoras de radio por la no renovación o revocatoria de las concesiones, La Rue exigió al Estado que sea devuelta la señal a las estaciones por considerar que se utilizan mecanismos gubernamentales para reducir los espacios de libre opinión.

“A las autoridades de gobierno de Venezuela que dejen sin efecto las órdenes de cierre de las 34 radioemisoras afectadas, hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político, basada en el pleno respeto a los derechos humanos”, expresa el comunicado de la relatoría para la libertad de expresión de la ONU.

Agrega que los cierres fueron ordenados por el Ejecutivo en forma sorpresiva y sin diálogo alguno con los representantes de las radios interesadas.

La Rue instó a Conatel a permitir el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los afectados por el cierre de radioemisoras y manifestó que la situación se agrava con el peligro que se cierne sobre otras 200 plantas: “La sola amenaza de cierre constituye un acto de intimidación y censura política que resulta una grave violación de la libertad de expresión, consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución de Venezuela”.

El comunicado de prensa solicita al Gobierno y a la Cancillería, a cargo de Nicolás Maduro, que gestionen en conjunto una visita de la relatoría especial para la libertad de expresión para ofrecer a la República cooperación y apoyo técnico en estos procesos.

Penal. La relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, y el comisionado de la instancia encargado de los asuntos de Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro, enviaron una comunicación al canciller Maduro “para manifestar profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión”.

Solicitaron información sobre la propuesta de ley contra delitos mediáticos presentada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y criticaron los recientes hechos en la sede de Globovisión: “Exhortamos a las autoridades venezolanas a investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos violentos”.

Reconocieron las declaraciones de funcionarios que repudiaron esos hechos, pero destacaron que Globovisión es beneficiario de medidas provisionales de la Corte-IDH.

En cuanto al proyecto de ley de Ortega Díaz, que fue descartado por la Asamblea Nacional, Botero y Pinheiro recordaron que la Convención Americana y la jurisprudencia de la CorteIDH prohíben “el uso indiscriminado del Derecho Penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones”.

Por la radio. Sobre el cierre de 34 emisoras de radio, Botero y Pinheiro alertaron sobre las declaraciones de Diosdado Cabello en las que acusaba a los dueños de esos medios de jugar a la desestabilización del país.

“Estas afirmaciones sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para adoptar la decisión de cierre”, manifestaron.

Insistieron en que la Convención Americana es clara en su rechazo a las arbitrariedades de los Estados: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas”.

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COPP incluye artículos inconstitucionales

Una noticia de El Nacional, publicada el 06 de Agosto.

La reforma del Código Procesal Penal fue aprobada en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a pesar de que los asesores advirtieron que había un artículo que violaría la Constitución y que en el COPP vigente hay una norma regresiva que debía cambiarse.

El artículo 42 está relacionado con la suspensión condicional del proceso. Los diputados negaron la suspensión del juicio a quienes comentan delitos de lesa humanidad, corrupción, atente contra el sistema financiero, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos. Sin embargo, los asesores legislativos alegaron que se vulnera la igualdad ante la ley.

La Comisión de Política Interior excluyó una reforma del artículo 374, aun cuando los expertos del Legislativo advirtieron que la Constitución prohíbe la detención sin causa y no limita la suspensión del proceso en los casos en que los hechos punibles conlleven a una pena privativa de libertad de cinco años o más.

El Ministerio Público defendió el artículo 374: “Si se cambia, se permitirá la impunidad.

Serán liberados corruptos, narcotraficantes, lo que significaría un colapso del sistema de justicia. Una sentencia del TSJ permite la suspensión sólo cuando la pena sea mayor de tres años”. La parlamentaria Iris Varela, del PSUV, salvó el voto y pidió que el tema sea debatido en sesión plenaria.

El artículo 219, que permite a la Fiscalía General interceptar (grabar) llamadas, siempre que tenga una orden de un tribunal, no fue alterado. Sin embargo, se le reconoció al Ministerio Público otra atribución: en el artículo 309 permite el registro (rastreo de llamadas, sea celulares o teléfonos fijos); exigir información a “cualquier particular o público” sobre personas o hechos; y obliga a los bancos, empresas de telecomunicaciones públicas o privadas a suministrar datos que ayuden a resolver un crimen; y ordena a entidades financieras y compañías telefónicas mantener unidades de “registros de ubicación” de llamadas que trabajen 24 horas, los 7 días de la semana.

El argumento a favor fue que 87% de los secuestros ocurre entre viernes y fin de semana, cuando las empresas de comunicación no laboran y la policía necesita la información. “No se graba ni se intercepta llamadas”, aseguró Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior. “Esas disposiciones están en el COPP”, agregó. Informó que la reforma irá hoy a la plenaria para la segunda discusión y aprobación.

El legislador Wilmer Iglesias, de PPT, instó a que las unidades de registros de llamadas sean creadas de manera inmediata para evitar que siga subiendo el número de secuestros.

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De la Justicia sometida al Gobierno

Una noticia de Tal Cual, publicada el 28 de Julio.

Anduve unos pocos días fuera del país y me perdí el insólito caso de la Doctora Torres, jueza destituida por no haber complacido a los azotes de barrio que nos gobiernan, en el juicio contra Guillermo Zuloaga. Pero nunca es tarde para dejar oír el rechazo absoluto a tamaño abuso de poder. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre. Ya antes otros jueces que no sentenciaron conforme a las órdenes recibidas, fueron sacados de sus cargos.

El caso más prominente fue el de toda una Corte Superior, la de lo Contencioso Administrativo, cuyos tres jueces fueron despedidos y su apelación, ganada, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó su inmediata restitución, fue desconocida crudamente por esa lumbrera del Derecho que dirige la Sala Constitucional. Pero no por ser ya banal, lo de la jueza Torres no deja de ser igualmente irritante y demostrativo, una vez más, del estado de postración y de sometimiento en que se encuentra el Poder Judicial. Esto no había pasado nunca en nuestro país. Si los azotes de barrio creen que eso es justicia revolucionaria, están vaciando su vejiga fuera del receptáculo. Sólo en países inequívocamente totalitarios se dio esa supresión de fronteras entre los poderes.

Así eran la Alemania Nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética, la Cuba comunista de hoy y la China capitalista salvaje de hoy.

La existencia de una justicia independiente, contrariamente a lo que el ignorante que oficia desde Miraflores creería, no es una modalidad “burguesa” sino el fruto del largo proceso civilizatorio de la humanidad, potenciado después de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, no sólo para proteger los derechos de los ciudadanos en general sino para defenderlos precisamente ante el Estado y el Gobierno. Han sido precisamente estados y gobiernos totalitarios los que niegan los derechos ciudadanos y los subordinan a los suyos. Esto no es un paso adelante sino un paso atrás; y de siete leguas.

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No se hagan los suecos

Una noticia de Tal Cual, publicada el 28 de Julio.

Al gobierno de Chávez ya se le comienzan a ver las costuras de sus andanzas por los bajos fondos de la política mundial. Antes parecían ser sólo rumores, pero ya hay evidencias incontrovertibles de un comportamiento que como venezolanos estamos obligados a condenar y rechazar rotundamente. Ayer, el gobierno de Colombia dio cuenta de la incautación a las FARC de armas semipesadas, adquiridas por el gobierno venezolano de una empresa sueca y que, vaya a saberse cómo, aparecieron en las selvas del país vecino.

Pero no sólo los colombianos piden explicaciones acerca de cómo pudo haberse producido ese trasvase de armas, sino que la propia empresa fabricante, Saab, ha solicitado del gobierno venezolano el esclarecimiento del asunto, porque las normas internacionales comprometen a los gobiernos compradores de armas a no permitir que lleguen a manos de terceros, sean éstos gobiernos o grupos irregulares. En otras ocasiones han aparecido armas livianas (FAL o pistolas) de los arsenales venezolanos en manos de las FARC, pero habría sido muy aventurado señalar como responsable de ello al gobierno y, de hecho, tales cosas ocurrían también en tiempos anteriores a 1999. Pero ahora estamos ante armas muy sofisticadas, lanzacohetes de largo alcance, que no cualquiera puede sustraer de los depósitos de la FAN. No sólo Colombia y Suecia merecen una explicación, Venezuela también.

Si a esto unimos la desorbitada injerencia del gobierno en la crisis hondureña, que ha ido mucho más allá de la solidaridad con el presidente derrocado, sobrepasando todos los límites de los usos y costumbres diplomáticas ­hasta el extremo de mantener la insólita presencia del canciller venezolano como chofer o copiloto de Zelaya, en sus intentonas de entrar a Honduras­ nos encontramos ante un cuadro que permite calificar la política internacional de nuestro gobierno como aventurera e irresponsable, valga la redundancia.

Una cosa es la condena del golpe y la participación en iniciativas multilaterales para restablecer al tumbaíto en su cargo, y otra muy distinta transformarse en protagonista relevante de la crisis, descalificando, de paso, los esfuerzos diplomáticos que se hacen para fabricar una salida viable a ella.

A esto debemos añadir la extraña medida de clausura del sur del estado Amazonas, Orinoco arriba, por parte de la Guardia Nacional, que prohíbe el tránsito (fluvial) de “personas no autorizadas” por aquellas lejanías. Desde hace algún tiempo se habla de la presencia de iraníes en esa zona y hasta rueda el rumor de que estarían buscando uranio. Esto puede no pasar de ser una leyenda urbana, pero lo que sí hemos podido conocer –por una fuente confiable, como la que nos reveló la presencia de cubanos en altas instancias de la Onidex, organismo de seguridad del Estado– es lo de la prohibición de navegación por la región, así como la inconfundible presencia de ciudadanos iraníes. ¿Qué está pasando en esta parte del país? ¿Qué manejos son estos? ¿A qué nos está exponiendo el gobierno nacional con lo que luce como una política descocada?

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